Izquierda Unida-Verdes Región de Murcia expresa su más firme rechazo a la decisión de la Consejería de Salud de prorrogar las derivaciones de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas concertadas mientras tramita un nuevo contrato para mantener este modelo.
La continuidad de estas derivaciones, sin la puesta en marcha real y efectiva de las IVE en la Sanidad pública y en concreto, en La Arrixaca —hospital de referencia regional—, constituye motivo de sanción según la última Ley de Salud Sexual aprobada en 2022 que obliga a las CCAA a tener disponible el aborto seguro, gratuito y en la pública. En lugar de reforzar los hospitales públicos y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios, garantizando esta prestación sanitaria con todas las garantías, el Ejecutivo autonómico vuelve a optar por destinar recursos públicos al negocio sanitario privado.
Resulta especialmente grave que esta decisión llegue pese a que profesionales sanitarios y colectivos de mujeres vienen denunciando desde hace años que los hospitales públicos de la Región cuentan con capacidad para asumir estas intervenciones. Mantener el actual modelo no responde a una falta de medios, sino a una evidente falta de voluntad política..
Desde Izquierda Unida recordamos que las mujeres que atraviesan una interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando se produce por causas médicas, se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad y tienen derecho a recibir una atención integral, continuada, cercana y de calidad dentro de la sanidad pública, con todos los recursos asistenciales y el acompañamiento profesional que esta puede ofrecer.
La decisión de seguir derivando a clínicas privadas rompe la continuidad asistencial, perpetúa un modelo de privatización de un servicio esencial y contradice el objetivo de garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad para todas las mujeres de la Región de Murcia. La propia Consejería ha confirmado que mantendrá las derivaciones mediante una prórroga del contrato vigente hasta adjudicar uno nuevo, consolidando así un sistema que debería estar siendo sustituido por la prestación directa desde el Servicio Murciano de Salud.
Izquierda Unida exige al Gobierno regional que abandone definitivamente esta política de conciertos para la interrupción voluntaria del embarazo y que destine esos recursos a fortalecer la sanidad pública, garantizando que esta prestación se realice en los hospitales públicos de la Región de Murcia, como ocurre con cualquier otra atención sanitaria. Asimismo, mostramos nuestro apoyo a las mujeres afectadas, a las profesionales sanitarias y a las organizaciones que reclaman una atención pública digna y el pleno cumplimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva, sin discriminaciones ni derivaciones innecesarias.
La defensa de la sanidad pública pasa por garantizar que todos los derechos sanitarios se ejerzan desde el sistema público. Es el momento de que el gobierno regional se ponga del lado de las mujeres y no de las empresas.
La continuidad de estas derivaciones, sin la puesta en marcha real y efectiva de las IVE en la Sanidad pública y en concreto, en La Arrixaca —hospital de referencia regional—, constituye motivo de sanción según la última Ley de Salud Sexual aprobada en 2022 que obliga a las CCAA a tener disponible el aborto seguro, gratuito y en la pública. En lugar de reforzar los hospitales públicos y dotarlos de los medios humanos y materiales necesarios, garantizando esta prestación sanitaria con todas las garantías, el Ejecutivo autonómico vuelve a optar por destinar recursos públicos al negocio sanitario privado.
Resulta especialmente grave que esta decisión llegue pese a que profesionales sanitarios y colectivos de mujeres vienen denunciando desde hace años que los hospitales públicos de la Región cuentan con capacidad para asumir estas intervenciones. Mantener el actual modelo no responde a una falta de medios, sino a una evidente falta de voluntad política..
Desde Izquierda Unida recordamos que las mujeres que atraviesan una interrupción voluntaria del embarazo, especialmente cuando se produce por causas médicas, se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad y tienen derecho a recibir una atención integral, continuada, cercana y de calidad dentro de la sanidad pública, con todos los recursos asistenciales y el acompañamiento profesional que esta puede ofrecer.
La decisión de seguir derivando a clínicas privadas rompe la continuidad asistencial, perpetúa un modelo de privatización de un servicio esencial y contradice el objetivo de garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad para todas las mujeres de la Región de Murcia. La propia Consejería ha confirmado que mantendrá las derivaciones mediante una prórroga del contrato vigente hasta adjudicar uno nuevo, consolidando así un sistema que debería estar siendo sustituido por la prestación directa desde el Servicio Murciano de Salud.
Izquierda Unida exige al Gobierno regional que abandone definitivamente esta política de conciertos para la interrupción voluntaria del embarazo y que destine esos recursos a fortalecer la sanidad pública, garantizando que esta prestación se realice en los hospitales públicos de la Región de Murcia, como ocurre con cualquier otra atención sanitaria. Asimismo, mostramos nuestro apoyo a las mujeres afectadas, a las profesionales sanitarias y a las organizaciones que reclaman una atención pública digna y el pleno cumplimiento del derecho a la salud sexual y reproductiva, sin discriminaciones ni derivaciones innecesarias.
La defensa de la sanidad pública pasa por garantizar que todos los derechos sanitarios se ejerzan desde el sistema público. Es el momento de que el gobierno regional se ponga del lado de las mujeres y no de las empresas.