Huermur exige el cumplimiento inmediato de la sentencia judicial y acusa a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias de mantener una inaceptable opacidad sobre una documentación que afecta a la seguridad de las personas, el urbanismo y la planificación del municipio.
La entidad conservacionista anuncia que, si el Ayuntamiento finalmente no entrega de la documentación, se solicitará la ejecución forzosa de la sentencia y todas las medidas legalmente previstas para garantizar su cumplimiento íntegro.
Huermur insta la entrega completa de todos los documentos encargados y pagados a la Universidad de Almería con más de 118.000 euros, y su publicación completa y accesible a la ciudadanía.
La entidad conservacionista insta a la alcaldesa Rebeca Pérez a que conmine al concejal de Emergencias a reconocer su responsabilidad en esta sentencia y comprometerse a que no seguirá denegando el acceso a información pública sobre este asunto de forma torticera.
La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) denuncia que el ayuntamiento de Murcia continúa sin entregar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio (encargado a la Universidad de Almería por más de 118.000 euros y entregado en el año 2020), pese a la sentencia judicial que ordenó expresamente facilitar dicha documentación y después de que la representación procesal del presidente de Huermur haya solicitado la declaración de firmeza de la resolución para proceder a su ejecución.
El terremoto registrado hoy con epicentro en Librilla, sentido en buena parte de la Región de Murcia, vuelve a recordar que el riesgo sísmico no constituye una cuestión teórica ni un mero debate administrativo. Se trata de un riesgo natural real que afecta directamente a la seguridad de la población y que exige de las administraciones públicas la máxima transparencia, responsabilidad y rigor.
Sin embargo, precisamente el día en que decenas de miles de ciudadanos han vuelto a sentir un seísmo, el ayuntamiento de Murcia sigue sin cumplir una resolución judicial que reconoce el derecho de acceso a una documentación técnica de extraordinaria relevancia para conocer cómo evalúa el propio Consistorio el riesgo sísmico del municipio, la vulnerabilidad de la población y las implicaciones que dicho riesgo puede tener sobre la planificación territorial, el urbanismo y la protección civil.
La sentencia judicial de junio de 2026 estimó íntegramente el recurso interpuesto por el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, y ordenó al Ayuntamiento entregar la copia íntegra del Estudio y análisis de riesgo sísmico y del Plan de Actuación Local ante Riesgo Sísmico, elaborados por la Universidad de Almería para el término municipal de Murcia, junto con todos sus anexos.
La resolución judicial, que constituye además un duro varapalo al Consistorio, destaca además el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una "restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública", anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.
La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía.
Una vez transcurrido el plazo legal sin que se haya notificado la interposición de recurso alguno por parte del Ayuntamiento, se ha solicitado al Juzgado que declarare la firmeza de la sentencia y acordara su inmediato cumplimiento.
Huermur considera especialmente grave la actuación mantenida por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por el concejal Fulgencio Perona, que durante años negó el acceso a esta documentación y defendió esa negativa ante los tribunales hasta que la Justicia declaró vulnerado el derecho del presidente de Huermur, Sergio Pacheco, de acceder a la información pública y ordenó su entrega.
Para Huermur, resulta incomprensible que una administración pública continúe retrasando la entrega de unos estudios financiados con dinero público cuando su contenido afecta a cuestiones tan trascendentales como la seguridad de la población, la ordenación del territorio, el desarrollo urbanístico, la localización de infraestructuras y la planificación frente a un riesgo natural que forma parte de la realidad geológica del municipio de Murcia.
En este sentido, el presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado: "Este asunto es extraordinariamente serio. Estamos hablando de la seguridad de las personas y, en última instancia, de vidas humanas. Nadie sostiene que un estudio científico pueda predecir cuándo se producirá un terremoto, pero sí permite conocer mejor el riesgo existente, evaluar la vulnerabilidad del municipio y fundamentar adecuadamente las decisiones urbanísticas y de protección. Resulta inadmisible que el Ayuntamiento y la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias hayan mantenido durante años ocultos unos estudios pagados con dinero público y que, incluso después de una sentencia judicial, la documentación siga sin haberse entregado."
La ocultación del estudio de riesgos tiene, además, un impacto directo en la planificación urbanística del municipio. Huermur advierte de que desde 2020, fecha en la que se entregó el estudio acabado al Consistorio, la concejalía de Urbanismo ha seguido otorgando licencias, tramitando modificaciones del Plan General y aprobando desarrollos urbanísticos sin integrar en los expedientes el análisis sísmico municipal, algo que consideran una grave irresponsabilidad. La normativa urbanística y de protección civil exige incorporar la evaluación del riesgo sísmico a los procesos de planificación, por lo que mantener el estudio oculto comprometería la seguridad de edificaciones, infraestructuras y barrios enteros, y lo que es peor, la credibilidad del propio ayuntamiento.
Huermur considera que la transparencia en materia de riesgos naturales constituye una obligación democrática y legal, especialmente cuando la información afecta a la protección de la ciudadanía. La ocultación de documentos de esta naturaleza no solo supone un incumplimiento del deber de transparencia, sino que deteriora gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y sus dirigentes políticos.
Por todo ello, la Huermur exige al Ayuntamiento de Murcia, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del concejal Perona, y en última instancia a la alcaldesa Rebeca Pérez, que cesen inmediatamente cualquier actuación dilatoria, cumplan íntegramente la sentencia judicial y entreguen sin más demora toda la documentación ordenada por los tribunales. La ciudadanía tiene derecho a conocer los estudios científicos elaborados para su Ayuntamiento sobre un riesgo natural que hoy ha vuelto a hacerse presente y que exige responsabilidad institucional, transparencia y pleno respeto a las resoluciones judiciales.
