La Región de Murcia defenderá junto a las organizaciones del Tercer Sector que el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea 2028-2034 garantice una financiación suficiente y protegida para las políticas de inclusión social y atención a las personas más vulnerables.

Así lo trasladó la consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, durante una reunión de trabajo con representantes del Tercer Sector para analizar la propuesta del próximo presupuesto comunitario, compartir las principales preocupaciones de las entidades y avanzar en una posición común ante un modelo que introduce cambios importantes respecto al actual periodo 2021-2027.

La propuesta europea plantea integrar buena parte de los fondos que ahora funcionan de manera diferenciada, entre ellos el Fondo Social Europeo, dentro de grandes planes nacionales y regionales. Aunque establece que al menos un 14 por ciento de estos planes se destine a gasto social, desaparecen buena parte de las reservas específicas que existen actualmente para inclusión social, personas desfavorecidas, pobreza infantil, empleo juvenil o fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

"Queremos que Europa simplifique la gestión de los fondos, pero esa simplificación no puede traducirse en menos garantías para quienes más los necesitan ni en que las políticas sociales tengan que competir con otras prioridades por los mismos recursos", señaló la consejera.

En la Región de Murcia, el Programa FSE 2021-2027 cuenta con más de 164 millones de euros de ayuda europea y una inversión total cercana a los 263 millones, con actuaciones dirigidas a inclusión social, lucha contra la pobreza, empleo juvenil y colectivos vulnerables.

Solo durante 2026, el IMAS ha destinado 2,75 millones de euros a 26 proyectos desarrollados por entidades del Tercer Sector para mejorar la empleabilidad de personas vulnerables, con una previsión de atender a 2.211 personas. A ello se suma una línea de 950.000 euros para más de 800 jóvenes vulnerables y 1,25 millones convocados por el SEF para programas de integración laboral de personas con discapacidad desarrollados por entidades sin ánimo de lucro.

"Estamos hablando de programas que tienen nombres y apellidos, que permiten avanzar en la inserción laboral, atender a personas con discapacidad, apoyar a jóvenes vulnerables y luchar contra la pobreza y la exclusión. Por eso queremos trabajar con las entidades que conocen de primera mano estas necesidades y que hacen posible que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan", afirmó López Aragón.

Financiación protegida y capacidad de decisión de las regiones

La posición del Gobierno regional pasa, en primer lugar, por garantizar que exista una financiación social suficientemente protegida, evitando que los recursos actualmente vinculados a inclusión social puedan acabar compitiendo con infraestructuras, competitividad u otras políticas.

La segunda reivindicación es asegurar una participación efectiva de las regiones en la distribución de los recursos. El Ejecutivo autonómico defiende una simplificación de la política de cohesión que no suponga su centralización y reclama capítulos regionales con recursos propios y capacidad real de decisión. El objetivo es que la Región pueda seguir determinando, junto con sus entidades sociales, cuáles son los colectivos y programas que necesitan una atención prioritaria.

Además, el Gobierno regional considera esencial que el Tercer Sector participe desde el inicio en la programación del periodo 2028-2034, y no únicamente como receptor de ayudas una vez que las decisiones estén adoptadas.

"No queremos que las entidades sociales sean llamadas únicamente cuando llegue el momento de ejecutar una convocatoria. Queremos que estén presentes en el diagnóstico, en la programación, en el seguimiento y en la evaluación, porque su experiencia y su conocimiento son imprescindibles para diseñar unas políticas europeas que respondan a la realidad", indicó la consejera.

"La Región de Murcia va a defender una política de cohesión fuerte y con verdadera dimensión social. Y queremos hacerlo de la mano del Tercer Sector, porque defender su participación y su financiación es también defender la continuidad de programas que hoy mejoran la vida de miles de personas en la Región", añadió.