Un 2 de julio de hace 110 años el entonces Boletín Oficial del Estado llamado Gaceta de Madrid publicaba un Real Decreto procedía a realizar la mayor regulación de nombres de municipios de toda la historia del país. Y es que esta normativa del Gobierno de España modificaba el nombre de 573 localidades de la piel de toro para distinguirlas de esta forma de otros homónimos duplicados en España. Y es que hasta 1916 existían en España cientos de municipios, concretamente 1.020, que en las diferentes provincias tenían igual denominación, se llamaban igual, lo que constituía esta duplicidad un verdadero problema, sobre todo para los servicios de correos y comunicaciones. Con ello se evitaban, por tanto, confusiones, errores y las consiguientes consecuencias que se derivaban de esta circunstancia.

La regulación empezó en realidad una década antes, cuando el geógrafo, historiador y escritor Manuel de Foronda y Aguilera, presidente de la Real Sociedad Geográfica, presentó un proyecto para renombrar los municipios con nombres duplicados en España. Se formó una comisión y se trabajó durante los años siguientes para pergeñar el correspondiente Decreto, que, bajo el reinado de Alfonso XIII, fue refrendado por el que fuera en 1916 presidente del Gobierno, Álvaro de Figueroa y Torres, Conde de Romanones. Es así que esta Real Sociedad realizó un estudio para el cambio de nombre, repito, de 573 ayuntamientos de España, teniendo en cuenta los antecedentes históricos de dichas entidades de población y atendiendo a otros criterios también de peso.

El preámbulo de tal Decreto señalaba que "se había intentado que el calificativo o sobrenombre añadido al nombre anterior no fuera arbitrario «sino que pesase la tradición, el uso o los afectos de cada localidad vienen consagrando y teniendo en cuenta también presentes los antecedentes históricos", observándose asimismo "con especial  predilección" que el nombre se refiriera a ríos, montañas, territorios o cualquier particularidad geográfica cercana al ayuntamiento "habida cuenta del carácter de perpetuidad del accidente que califique y distinga al pueblo de que se trate, a fin de que lleve consigo la casi inmutabilidad de su nueva designación".

En el caso de la Región de Murcia, este Decreto afectaría a cinco municipios que adaptaron sus nombres atendiendo al citado Decreto. Se trataba de Molina -que pasaría a llamarse Molina de Segura (para diferenciarla, por ejemplo, de la localidad homónima de Molina de Aragón, en Guadalajara)-, Alhama  -rebautizada como Alhama de Murcia, frente a las otras Alhamas del territorio nacional , en las provincias de Almería, Granada y Zaragoza-, Campos -que pasaría a denominarse Campos del Río-, Fuente Álamo añadiría en 1916 a su nombre original las palabras "de Murcia" -para distinguirla del municipio homónimo de la provincia de Albacete- y Cotillas -que antepondría a ese topónimo el de "Las Torres" también para diferenciarse de la otra población de similar nombre igualmente de la tierra albaceteña-.

En definitiva, como destaca el catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Arroyo, este cambio de denominación, que cabe considerarlo por sí solo como un capítulo nada desdeñable para entender la historia y evolución contemporánea de estos casi seiscientos municipios de nuestro país, "supuso un hito en el proceso de normalización toponímica en España, puesto que por vez primera el Estado intervenía a la vez sobre la denominación de tan elevado número de ayuntamientos, para evitar confusiones y duplicaciones, reconociendo así la importancia del nombre del lugar como referente geográfico, político y administrativo del mismo".

Juan José Ruiz Moñino