El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó hoy la Escuela Murciana de Primera Infancia (EMPI), en Murcia, acompañado por el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño; el presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de la Región de Murcia (CECE Murcia), Pablo Molina-Niñirola; y la presidenta de la Asociación de Centros de Educación Infantil (Aceimur), Mariola Carrillo, con motivo del inicio del curso escolar y para tratar el futuro de la educación 0-3 años.
"El Gobierno regional ha realizado un incremento histórico del número de aulas gratuitas 0-3 años, con el fin de universalizar esta etapa educativa, ofrecer más servicios gratuitos a las familias y favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar", declaró Marín. En total, se ofrecen más de 9.000 plazas este curso escolar, con un incremento del 1.400 por ciento respecto al curso 2022-2023, en el que se ofrecieron 600 plazas gratuitas de 0-3 años.
El incremento de plazas gratuitas se ha realizado tanto en centros sostenidos con fondos públicos de la Región (públicos y concertados) como en escuelas infantiles de la Comunidad Autónoma, escuelas infantiles municipales y escuelas infantiles privadas.
El consejero destacó que "el Gobierno regional rechaza la propuesta del Ministerio para la nueva regulación de la educación infantil de 0-3 años porque no podemos aceptar iniciativas que no cuenten con una memoria económica, sin la transferencia a las comunidades de la financiación suficiente, y que pongan en riesgo los avances en la educación 0-3 consolidados por el Ejecutivo regional".
En este sentido, explicó que "el Real Decreto propuesto por el Gobierno central obliga, por una parte, a la implantación completa del primer ciclo de Educación Infantil, algo que no es viable por carecer de espacio y que incluso obligaría, de aprobarse esta norma, a cerrar las aulas de 2 años ya abiertas; y por otra parte, a la reducción de ratio en primer ciclo de Educación Infantil, que supondría un incremento de gasto inasumible para los centros públicos y privados, estos últimos, empresas que dan empleo a miles de personas y servicio a multitud de familias, que no tendrían capacidad económica de asumir estas medidas, lo que supondría un perjuicio para la libertad de elección de las familias".