El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia tramitó durante 2025 un total de 219 reclamaciones, la cifra más alta desde que existen registros y un 71 % más que en 2024. Se trata del balance del primer ejercicio completo del organismo desde la reforma de la Ley de Transparencia, y su informe anual, presentado ante la Asamblea Regional, concluye que el principal obstáculo para ejercer el derecho de acceso a la información pública sigue siendo el silencio administrativo, responsable del 78,5 % de las reclamaciones.
El documento, de 113 páginas, repasa tanto la actividad de garantía del derecho de acceso a la información como la evolución institucional, presupuestaria y organizativa del organismo, nacido del nuevo modelo aprobado por la Ley 1/2024.
Más reclamaciones y mayor uso del derecho de acceso
La memoria destaca que el aumento de reclamaciones no debe interpretarse como un incremento de la conflictividad entre ciudadanos y administraciones, sino como una mayor utilización por parte de la ciudadanía de los mecanismos de garantía existentes.
Durante el año se dictaron 209 resoluciones, de las que 150 fueron favorables al acceso a la información pública: más de siete de cada diez expedientes terminaron respaldando el derecho de los solicitantes a obtener la documentación pedida.
Las materias sobre las que más reclamaciones se resolvieron fueron contratación pública, empleo público, urbanismo, medio ambiente, subvenciones, patrimonio e información económico-presupuestaria.
El silencio administrativo, principal causa de conflicto
El dato más revelador llega después del titular: una vez presentada la reclamación, en casi la mitad de los casos la propia administración termina facilitando la información que antes había ignorado. Para el Comisionado, esto confirma que buena parte de las cerca de 172 reclamaciones motivadas por el silencio administrativo podría haberse evitado con un simple cumplimiento de los plazos que marca la ley.
Un nuevo sistema para evaluar la transparencia
Entre las principales novedades figura el desarrollo del Sistema de Evaluación de la Publicidad Activa de la Región de Murcia (SEPA_RM), una herramienta que empezará a aplicarse en 2026 para medir el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las administraciones y entidades obligadas.
El sistema permitirá realizar autoevaluaciones mediante una aplicación informática específica y facilitará después la revisión externa de los resultados, con el objetivo de homogeneizar los criterios de evaluación y mejorar la transparencia institucional.
Actividad institucional
Además de resolver reclamaciones, el Comisionado desarrolló otras actuaciones durante el ejercicio:
- 13 solicitudes de información pública, todas resueltas.
- 13 denuncias por incumplimiento de resoluciones.
- 7 denuncias por incumplimientos en materia de publicidad activa.
- Alrededor de 40 reuniones institucionales.
Asimismo, durante 2025 se constituyó la Conferencia de Órganos Garantes de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública (COTAI), se impulsaron actividades formativas y se puso en marcha una nueva página web institucional orientada a mejorar la accesibilidad y la seguridad de los servicios del organismo.
Recursos limitados
La memoria también pone el foco en las dificultades derivadas de la falta de medios personales y materiales: el organismo trabajó la mayor parte del año con solo dos funcionarios, pese a tener una plantilla de cuatro puestos, y sufrió bajas médicas sin cubrir y una elevada rotación de personal, circunstancias que afectaron a su actividad ordinaria.
En el apartado económico destaca una reducción del 65,78 % en el capítulo de gastos corrientes, que pasó de 303.136 euros en 2024 a 103.735 euros en 2025. La ejecución presupuestaria consolidada alcanzó 512.366 euros, por encima del presupuesto inicial gracias a una transferencia extraordinaria de crédito de 60.000 euros para garantizar el funcionamiento del organismo.
La comisionada reclama reforzar la independencia del organismo
En la presentación del informe, la comisionada de Transparencia, Natalia Sánchez López, consideró que 2025 sirvió para consolidar el nuevo modelo institucional, aunque insistió en la necesidad de reforzar su independencia y dotarlo de más recursos personales y presupuestarios.
La memoria concluye que el objetivo debe ser evolucionar hacia una Autoridad Administrativa Independiente, fortaleciendo la tutela del derecho de acceso a la información pública y consolidando una cultura institucional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública.