Una contundente sentencia anula la negativa del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias y obliga al ayuntamiento de Murcia a entregar íntegramente un estudio sobre el riesgo sísmico que permaneció oculto desde hace años pese a haber sido pagado con dinero público

Huermur denuncia la opacidad del ayuntamiento de Murcia y que se hayan estado gastando recursos públicos y tiempo de funcionarios en intentar defender la ocultación de esta información, obligando además a la ciudadanía a acudir a los tribunales.

La entidad conservacionista insta a la alcaldesa Rebeca Pérez a que conmine al concejal de Emergencias a reconocer su responsabilidad en esta sentencia y comprometerse a que no seguirá denegando el acceso a información pública sobre este asunto de forma torticera.

La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) celebra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia que estima íntegramente el recurso interpuesto por el presidente de la entidad, Sergio Pacheco, y declara ilegal la negativa del Ayuntamiento de Murcia a facilitar el estudio y análisis del riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería.

La resolución judicial anula el decreto firmado por el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, que denegó el acceso a esta documentación y reconoce el derecho del presidente de Huermur a obtener la copia digital completa del estudio y de todos sus anexos.

La sentencia constituye un severo reproche a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, que mantuvo oculto durante más de cinco años un estudio encargado con fondos públicos y entregado al Consistorio el 5 de febrero de 2020. Pese a tratarse de un documento completamente finalizado, el Ayuntamiento negó reiteradamente su acceso alegando que se encontraba "en elaboración", una tesis que el magistrado rechaza de forma expresa.

Pero la opacidad municipal no terminó ahí. Incluso después de iniciarse el procedimiento judicial, el Ayuntamiento continuó oponiéndose a entregar la documentación y defendió ante el Juzgado la legalidad de su actuación, solicitando incluso que el procedimiento se archivara tras publicar parte del estudio cuando el litigio ya estaba en marcha.

La respuesta judicial es especialmente contundente. El magistrado recuerda que "una publicación unilateral, tardía y posterior a la interposición del recurso no puede sanar la denegación inicialmente acordada ni sustraer al control jurisdiccional la legalidad del acto recurrido", añadiendo además que aceptar esa actuación "equivaldría a dejar al arbitrio de la Administración la efectividad del control judicial de sus propios actos".

La sentencia también desmonta el intento del Ayuntamiento de seguir ocultando el estudio alegando motivos de seguridad pública. Durante el procedimiento, la Administración sostuvo que el documento contenía datos sensibles sobre víctimas potenciales y pérdidas económicas derivadas de distintos escenarios sísmicos simulados, utilizando ese argumento para impedir el acceso de la ciudadanía.

Sin embargo, el juez concluye que el Ayuntamiento no acreditó suficientemente que la divulgación del estudio pudiera perjudicar la seguridad pública y recuerda que, si existiera algún dato especialmente sensible o de carácter personal, la legislación ya prevé mecanismos para protegerlo sin necesidad de ocultar el resto de la documentación.

La resolución judicial destaca además el extraordinario interés público del estudio, al afectar directamente al riesgo sísmico del municipio, la ordenación del territorio, el urbanismo y la seguridad de la población. Por ello concluye que el Ayuntamiento realizó una "restricción injustificada y desproporcionada del derecho de acceso a la información pública", anulando el decreto del concejal y ordenando la entrega íntegra de la documentación solicitada.

Para Huermur, esta sentencia supone un duro varapalo a años de opacidad municipal y marca un punto de inflexión en la transparencia del Ayuntamiento de Murcia. La entidad considera especialmente grave que el Consistorio no solo negara el acceso a un estudio financiado con 118.580 euros de dinero público, sino que mantuviera esa negativa durante todo el procedimiento judicial, obligando a acudir a los tribunales para obtener una documentación que la propia Justicia reconoce como información pública. Una postura torticera que claramente ha debido costar una importante cantidad de dinero al erario público en horas de funcionarios y servicios jurídicos, señalan desde Huermur.

El presidente de Huermur, Sergio Pacheco, ha manifestado que "esta sentencia pone fin a cinco años de opacidad institucional sobre un estudio que afecta directamente a la seguridad de los murcianos y al futuro urbanístico del municipio. El Ayuntamiento no solo ocultó una documentación pagada con dinero público, sino que defendió esa decisión ante los tribunales hasta el último momento. La Justicia ha dejado claro que actuó al margen de la legislación sobre transparencia."

La entidad conservacionista insta a la alcaldesa Rebeca Pérez a que conmine al concejal de Emergencias a reconocer su responsabilidad en esta sentencia y comprometerse a que no seguirá denegando el acceso a información pública sobre este asunto de forma torticera. Y le recuerda que haber denegado esta información ha costado tiempo y recursos públicos, así como un esfuerzo de llegar hasta los juzgados que la ciudadanía no debería tener que soportar.

Huermur considera que esta resolución va a marcar un antes y un después para el urbanismo del municipio de Murcia. Tras años de ocultación, por fin será posible conocer el contenido íntegro del estudio y análisis de riesgo sísmico del municipio elaborado por la Universidad de Almería, y comprobar qué conclusiones técnicas contiene realmente sobre la peligrosidad sísmica del municipio, la vulnerabilidad de la población y las implicaciones que ello puede tener para la planificación territorial.

La Huermur anuncia que llevará a cabo un análisis exhaustivo de toda la documentación en cuanto sea entregada y de sus anexos para verificar cómo afectan sus conclusiones al planeamiento urbanístico vigente y a las decisiones municipales adoptadas durante estos años. Por primera vez podrá contrastarse si los desarrollos urbanísticos, las actuaciones autorizadas y la planificación del municipio se ajustan a las conclusiones científicas contenidas en el estudio encargado por el propio Ayuntamiento, y del cual tenían conocimiento los responsables del Consistorio desde hace años.

Huermur recuerda que la seguridad de la población y la correcta ordenación del territorio deben apoyarse en el conocimiento científico y en la máxima transparencia, nunca en el ocultamiento de información pública de extraordinaria relevancia para el interés general.