El Grupo Municipal VOX ha alertado de la gravedad económica y urbanística del procedimiento judicial relacionado con el convenio del sector ZB-SD-Eg7 de El Esparragal que el PP lleva a pleno mañana junto a otros asuntos bloqueados en el pasado.

El concejal de VOX José Mariano Orenes Bastida ha señalado que "el Gobierno del PP nos quiere colar el asunto como un trámite procesal rutinario, pero detrás existe uno de los grandes fracasos de su política urbanística: un convenio firmado en 2006, paralizado durante casi veinte años, con miles de viviendas bloqueadas y decenas de millones de euros en juego".

El convenio fue suscrito para desarrollar un sector de más de 7.000 viviendas en suelo urbanizable de El Esparragal. A cambio del incremento de edificabilidad concedido a los promotores, estos asumieron una cesión económica inicialmente estimada en más de 80 millones de euros, además de la construcción de instalaciones deportivas, una escuela infantil y las infraestructuras necesarias para conectar el nuevo desarrollo con la red general.

Según la documentación del expediente, el Ayuntamiento recibió 19.481.773,67 euros mediante pagos y otros 20.028.869,21 euros a través de la ejecución de avales bancarios.

"Estamos hablando de aproximadamente 39,5 millones de euros vinculados a un proyecto que, dos décadas después, el PP no ha desarrollado ni ha resuelto", ha denunciado Orenes.

Los promotores y propietarios han solicitado judicialmente la resolución del convenio, la liquidación del mismo, la devolución de las cantidades satisfechas con sus intereses y la liberación o devolución de las garantías depositadas.

El propio Ayuntamiento reconoce en su informe técnico que una eventual devolución de los 19,48 millones de euros ingresados, más los intereses correspondientes, podría comprometer gravemente la ejecución presupuestaria, provocar incumplimientos de las reglas fiscales, afectar al periodo medio de pago a proveedores y causar un grave quebranto a la Tesorería municipal.

El Grupo Municipal VOX exigirá conocer qué destino tuvieron las cantidades ingresadas por el Ayuntamiento y si permanecen identificadas como financiación afectada o fueron utilizadas en otros proyectos y gastos municipales, así como la estimación del impacto de este "mazazo" a las arcas.

"Los murcianos tienen derecho a saber dónde están los 20 millones cobrados y a qué se destinaron los más de 20 millones ejecutados mediante avales y cómo afectará cuando los tribunales obliguen a liquidar el convenio", ha afirmado Orenes.

Después de veinte años, el balance es de más de 7.000 viviendas sin construir, accesos sin resolver, casi 40 millones de euros comprometidos y el Ayuntamiento nuevamente ante los tribunales.