Si en mayo el Partido Popular reunió en la Cámara Alta a consejeros de las comunidades autónomas afectadas por la normativa estatal, esta vez ha convocado a los alcaldes de los municipios con familias perjudicadas
El Partido Popular llevará a las Cortes por cuarta vez en lo que va de legislatura la "injusta" Ley de Costas del Gobierno de Pedro Sánchez, para continuar con su cruzada contra la intención del Ejecutivo central de derribar 86.426 viviendasen toda España, de ellas más de 600 en la Región de Murcia. Si a principios de mayo reunió a los consejeros de comunidades autónomas del PP afectadas por esa normativa, el próximo miércoles lo hará con alcaldes de municipios con familias perjudicadas. Será la cuarta vez que lleve la ley a las Cortes para obligar a Sánchez a dar marcha atrás de una vez.
En el Senado será la tercera vez que se debata. La primera fue en marzo de 2024, cuando se dio luz verde a la Proposición de Ley; la segunda, en mayo de 2026, cuando se celebró la Comisión General de las Comunidades Autónomas; y la tercera será el próximo miércoles, cuando se debata nuevamente. Al Congreso de los Diputados llegó en junio de 2025 cuando se le dio el visto bueno a la Proposición de Ley.
"Esta próxima semana, el Partido Popular volverá a llevar al pleno del Senado la lucha en defensade los propietarios de viviendas en el litoral de la Región de Murcia que están viendocómo el Gobierno de Sánchez les quiere tirar sus casas de forma absolutamente ilegal, injustay arbitraria", explicó el senador por la Región de Murcia, Francisco Bernabé.
En este caso, el Partido Popular reunirá en la sede de la Cámara Alta a alcaldes de municipios afectados por esta ley. La intención del grupo parlamentario es continuar haciendo presión a un "Gobierno que no escucha y que no está al lado de los vecinos, como sí lo está el PP desde el minuto uno que Sánchez les quería tirar abajo sus viviendas", ha añadido Bernabé.
Ha recordado que la situación afecta directamente a unas 80 familias en Los Nietos, pero se extiende a otras localidades de la Región de Murcia, como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o Puntas de Calnegre, alcanzando a unas 600 familias. A nivel nacional, ha advertido, el problema afecta a más de 88.000 viviendas, lo que supone cerca de 400.000 personas.
"Ni propiedad privada ni seguridad jurídica"
"Estamos hablando de familias que compraronsus viviendas de una forma totalmente legal hace ya muchas décadas y que están viendocómo ahora el Gobierno socialista no quiere respetar ni la propiedad privada ni el principiode seguridad jurídica, pues les quieren privar de sus propiedades sin darles absolutamentenada a cambio", ha agregado el parlamentario.
Por último, el senador ha defendido que la protección del litoral no pasa por derribar viviendas, sino por actuar con medidas eficaces frente a la regresión costera y el cambio climático. En este sentido, ha recordado la Estrategia de Protección del Litoral aprobada en 2016 por el Gobierno del Partido Popular, que contemplaba actuaciones como diques, escolleras o regeneración de playas, y ha lamentado que no se haya ejecutado ninguna de estas medidas.