La comunidad educativa al completo del CEIP Santa María de Gracia, ubicado la capital murciana, ha dicho hoy basta tras años de promesas incumplidas y parálisis burocrática que está poniendo en grave peligro la integridad física de casi 700 personas, siendo la mayoría, niños y niñas.

A pesar de los antecedentes de incendios en el centro, de las reiteradas solicitudes formales dirigidas a la administración regional y municipal, y de las continuas advertencias sobre el estado crítico de la instalación eléctrica, las soluciones siguen sin materializarse. Esta situación mantiene bloqueadas las actuaciones necesarias e impide acometer las mejoras técnicas imprescindibles.

"Sufrimos un incendio en el comedor, a primera hora de la mañana, en octubre de 2018, cuando ya estaba el alumnado en el centro. Tres años más tarde, volvió a prender el cableado en una de las aulas. Entonces, diversos expertos y técnicos del propio Ayuntamiento confirmaron a la AMPA y al equipo directivo que el estado de la instalación eléctrica era grave desde hacía tiempo" han denunciado representantes del profesorado.

Familias y personal del centro se han unido para exigir una respuesta inminente antes de finalizar el curso. "No vamos a permitir que el colegio arda en llamas de nuevo. Nuestra paciencia ha llegado al límite, necesitamos certezas de que esto se va a solucionar de manera inminente. Está en juego la seguridad y el bienestar de nuestros hijas e hijos", han manifestado representantes de las familias.

Última revisión eléctrica en 2019.

El origen del riesgo de incendio está en una mala distribución de los cuadros eléctricos generales. La última revisión eléctrica de la que se tiene constancia es de 2019, en la que ya se detectaron deficiencias. Desde entonces, se viene demandando soluciones que garanticen la seguridad de todas las personas que hacen uso del colegio.

Sin embargo, las distintas administraciones implicadas y conocedoras del estado de la instalación tienen paralizadas las soluciones con promesas incumplidas.

El centro está a la espera de nuevos movimientos y reuniones y la comunidad educativa confía en una respuesta real ante la gravedad de la situación. También advierte, que, llegado este punto, no cesarán las concentraciones hasta que el problema esté totalmente resuelto.

Toda la comunidad educativa ha decidido movilizarse y llegar donde sea necesario para exigir una respuesta y soluciones inmediatas. Se han iniciado acciones de diferente índole, desde concentraciones hasta poner en conocimiento del Defensor del Pueblo la situación por parte de numerosas familias.

"Desde el sindicato UGT Servicios Públicos, como representantes de las personas trabajadoras, denunciamos que esta situación, al igual que en otros centros educativos, supone una vulneración flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales, al obligar a profesionales a desarrollar su labor en un entorno con un riesgo real de incendio y sin condiciones mínimas de climatización", ha criticado Toñi del Vas, responsable Enseñanza de UGT Servicios Públicos Región de Murcia.