ANPE muestra su profunda preocupación ante la incertidumbre generada entre el profesorado, distinguiendo dos situaciones claramente problemáticas: por un lado, quienes ya han presentado su declaración de la renta (más de 10.000 docentes) junto con la correspondiente declaración complementaria de 2024; y por otro, quienes aún no la han realizado y desconocen cómo deben proceder.
Declaración complementaria rectificativa del año 2024 y marcha atrás
En noviembre de 2025, ANPE ya trasladó a la Consejería de Educación la consulta sobre si, tras el abono en la nómina de octubre de 2025 de atrasos correspondientes al año 2024, el profesorado tendría que presentar una declaración complementaria. La respuesta entonces fue clara: al no disponer de información por parte de la Agencia Tributaria, sí sería necesario realizar dicha declaración.
Posteriormente, a finales de enero y de febrero, ANPE volvió a plantear esta cuestión, obteniendo en ambas ocasiones la misma respuesta. Desde el sindicato se advirtió que obligar a cerca de 60.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma a presentar declaraciones complementarias por importes reducidos (entre cien y doscientos euros) supondría una medida desproporcionada que colapsaría innecesariamente la Agencia Tributaria. Sin embargo, en la Consejería de Educación no se dio la importancia debida a esta situación.
El plazo de la campaña de la renta se abrió el pasado 8 de abril, y tanto en los certificados de retenciones como en los datos fiscales del profesorado figuraba la obligación de presentar una declaración complementaria correspondiente al ejercicio 2024.
Tras más de veinte días desde el inicio del plazo —y con numerosos docentes que ya habían presentado tanto su declaración de la renta como la complementaria—, la Consejería de Educación habría modificado su criterio, contactando con la Agencia Tributaria para que los atrasos abonados en octubre de 2025 no se imputen al ejercicio 2024, sino al 2025, eliminando así la necesidad de presentar la declaración complementaria.
Esta rectificación ha generado un nuevo problema: muchos docentes se ven ahora obligados a rehacer sus trámites fiscales, a la espera de unas instrucciones que, previsiblemente, no llegarán hasta después del 11 de mayo.
ANPE Murcia denuncia que esta situación se podía haber evitado, puesto que la Consejería conocía el problema desde noviembre y fue advertida nuevamente en enero y febrero. De la misma forma es cuestionable el que se haya exigido este procedimiento cuando otras consejerías de la Comunidad Autónoma no lo han aplicado, pudiendo haberse evitado así un perjuicio a sus funcionarios, ya que otras consejerías imputan estos ingresos al ejercicio 2025, lo que elimina la necesidad de presentar declaraciones complementarias.
Ante este escenario, ANPE Murcia plantea una pregunta clara: ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación?
ANPE exige a la Consejería de Educación una explicación inmediata, así como instrucciones claras, precisas y urgentes que garanticen la seguridad jurídica del profesorado y eviten mayores perjuicios administrativos y económicos, dado que, según las consultas recibidas por distintas vías, se estima que más de 10.000 docentes ya han presentado la declaración de la renta.