El PP presionará en las Cortes para que los agricultores puedan usar "temporalmente" el Movento para frenar la extendida plaga del pulgón

El Partido Popular lleva al Senado la emergencia que supone la propagación del insecto por la Región y exigirá al Gobierno central cumplir una norma comunitaria para la utilización del fitosanitario, al menos, durante 120 días

El senador Antonio Luengo recuerda que diversos países de la Unión Europea han adoptado la utilización de la sustancia activa, con el objetivo de garantizar la viabilidad de sus producciones agrícolas

El senador del Partido Popular Antonio Luengo ha anunciado que su grupo parlamentario presionará en las Cortes Generales para que el Gobierno de España autorice de forma "excepcional" el uso del Movento, con el objetivo de frenar la grave plaga de pulgón que se extiende de forma imparable por municipios de la Región y que ya afecta a más de 6.000 hectáreas de explotaciones agrícolas.

Será a través de una moción, que ya ha sido registrada en la Cámara Alta y que pronto será debatida. Antes, el próximo 26 de marzo, comparecerá en el Senado Juan Ignacio Senovilla, presidente ALAS, una organización formada por las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FEPEX y la Asociación Española de Agricultura de Conservación/Suelos Vivos (AEAC.SV), para tratar este tema.

Luengo ha subrayado que el sector hortofrutícola español constituye uno de los pilares fundamentales del sistema agroalimentario nacional y desempeña un papel esencial tanto en la economía agraria como en el abastecimiento alimentario, el mantenimiento del empleo rural y la competitividad de las exportaciones agroalimentarias españolas. "Estamos hablando de un sector estratégico que no puede quedar desprotegido ante una emergencia fitosanitaria de esta magnitud", ha afirmado.

El pasado 5 de marzo el delegado de Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se reunió con los agricultores y les prometió medidas para hacer frente al problema en que se encuentran, pero pasadas dos semanas de aquel encuentro "vemos que no ha aportado nada y que el Gobierno central sigue cerrando la puerta al sector agrícola regional".

En los últimos años, diversos cultivos hortícolas al aire libre —como lechuga, tomate, melón o berenjena— así como distintos cultivos frutales están experimentando una creciente incidencia de pulgones, una plaga que provoca importantes daños en las explotaciones agrícolas. "Su expansción está poniendo en jaque la rentabilidad de miles de agricultores", ha remarcado.

Asimismo, ha explicado que el control eficaz de esta plaga se ha vuelto especialmente complejo debido a la elevada capacidad reproductiva de los pulgones, a su papel como vectores de numerosas virosis y a la limitada disponibilidad de materias activas eficaces actualmente autorizadas. "Nos encontramos ante un problema técnico real, no ante una cuestión ideológica", ha incidido.

Luengo ha recordado que la sustancia activa spirotetramat, presente en el insecticida Movento, ha sido durante años una herramienta fundamental dentro de los programas de gestión integrada de plagas. "Ha demostrado sobradamente su eficacia en el control de insectos chupadores como el pulgón o la mosca blanca", ha señalado.

"Este producto ha sido clave para el sector hortofrutícola no solo por su eficacia, sino también por su compatibilidad con sistemas de producción, lo que permitía estrategias sostenibles de manejo de plagas", ha añadido el senador del PP. "El Gobierno no puede dejar al campo sin herramientas mientras las plagas avanzan sin control", ha criticado.

En esta línea, ha alertado de que la falta de soluciones puede provocar importantes pérdidas de producción, una depreciación de la calidad comercial de las cosechas y un aumento del riesgo de transmisión de enfermedades virales. "Está en juego la continuidad de muchas explotaciones agrícolas", ha advertido.

Por ello, Luengo ha exigido al Ejecutivo que aplique el artículo 53 del Reglamento (CE) n° 1107/2009, que permite autorizar de forma excepcional el uso de productos fitosanitarios durante un máximo de 120 días en situaciones de emergencia. "Si otros países europeos ya lo están haciendo, no hay excusa para que España no actúe", ha afirmado.

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