Cartagena, jueves 12 de marzo de 2026.- El diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, ha exigido hoy en el Pleno de la Asamblea Regional que el Gobierno del Partido Popular cumpla el Decreto 67/1997, que regula la implantación del servicio de llamadas de urgencia a través del teléfono 112 y establece claramente que este debe prestarse "con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa" por la Comunidad Autónoma.

Durante la interpelación parlamentaria sobre la gestión del servicio de explotación operativa del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias 112, el parlamentario de IU denunció que, sin embargo, desde su puesta en marcha hace 28 años el servicio ha estado externalizado a empresas privadas, lo que ha derivado en una situación de precariedad laboral entre los trabajadores que atienden las llamadas de emergencia.

Álvarez-Castellanos recordó que se trata de un trabajo de alta responsabilidad, altamente cualificado y sometido a una fuerte presión emocional, ya que cada llamada corresponde a una situación de urgencia que debe gestionarse con rapidez, precisión y empatía. Pese a ello, las condiciones laborales de estos profesionales están muy lejos de corresponderse con la importancia del servicio que prestan.

El diputado explicó que los salarios apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional, los trabajadores no tienen reconocida antigüedad, perciben un plus de nocturnidad de apenas 1,17 euros por hora y están adscritos al convenio colectivo de telemarketing —rebautizado como "contact center"—, una situación que calificó de "humillante" para quienes desempeñan una función esencial para la seguridad de la ciudadanía.

"Estamos hablando de personas que atienden emergencias vitales, no de teleoperadores vendiendo productos. Equiparar su trabajo al de un call center demuestra el desprecio con el que se trata a quienes sostienen un servicio público fundamental", afirmó.

IU-Verdes también exigió al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, claridad sobre el futuro del contrato del servicio, ya que la actual concesión finalizó el pasado mes de diciembre y se encuentra en una prórroga de seis meses que expira en junio. Según señaló Álvarez-Castellanos, la empresa adjudicataria ha manifestado su intención de no continuar prestando el servicio y, a día de hoy, el Gobierno regional no ha aclarado cómo se resolverá la nueva licitación.

El diputado defendió que la Región de Murcia debe seguir el camino de otras comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Baleares o Canarias, que han optado por recuperar la gestión pública directa del 112 precisamente para acabar con la precariedad laboral y reforzar la calidad del servicio.

En este sentido, subrayó que la gestión directa no solo mejora las condiciones laborales, sino que también resulta más eficiente desde el punto de vista económico, ya que elimina los márgenes de beneficio empresarial y permite reinvertir esos recursos en mejorar la tecnología, reforzar las plantillas y adaptar el sistema a un escenario de emergencias cada vez más complejo.

"Cada vez hay más situaciones de emergencia y más complejas, como se ha demostrado con fenómenos extremos como la DANA. Un servicio de esta naturaleza no puede depender de la lógica del beneficio privado", advirtió.

Además, Álvarez-Castellanos señaló que el propio contrato firmado en 2021 ha tenido que modificarse y ampliarse ya en dos ocasiones debido al incremento de la carga de trabajo, con un aumento del 12,6% en las horas inicialmente contratadas, pasando de 47.600 a 53.607 horas.

Para IU-Verdes, este dato evidencia que el sistema necesita una planificación pública estable, mayor capacidad de adaptación y una coordinación más eficaz con el resto de los servicios de emergencias, algo que —según el diputado— solo puede garantizarse plenamente mediante la gestión directa del servicio.

"Lo que está en juego no es solo el modelo de gestión, sino la calidad de un servicio esencial para la seguridad de la ciudadanía", concluyó.