La movilización vecinal y la intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han logrado frenar, al menos temporalmente, los desahucios previstos para este miércoles en La Arboleja, donde varias familias se enfrentaban al lanzamiento de sus viviendas por parte de la SAREB.

Gracias a las gestiones llevadas a cabo por la PAH ante la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, se ha conseguido un aplazamiento de 20 días. Este plazo servirá para revisar los expedientes de las familias afectadas, algo que, según denuncia la plataforma, pone en evidencia que los desahucios se iban a ejecutar sin un análisis individualizado de cada caso.

"Desde la PAH llevamos años denunciando que si la SAREB es pública, también lo son sus viviendas. En un contexto de emergencia habitacional como el actual, no se puede permitir que se sigan vaciando inmuebles públicos mientras hay familias en la calle", han subrayado portavoces de la organización.

En este sentido, Penélope Luna, coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, ha querido mostrar el respaldo de su formación a las familias afectadas y ha exigido una respuesta estructural por parte de las instituciones: "Este aplazamiento es una pequeña victoria del movimiento social, pero no puede quedarse ahí. Exigimos a la SAREB que paralice definitivamente los desahucios y ponga su parque de viviendas al servicio del derecho a la vivienda, no de la especulación. La ciudadanía no puede seguir pagando las consecuencias del rescate bancario mientras se pisotea el artículo 47 de la Constitución".

Luna también ha señalado la necesidad de una actuación decidida por parte del Gobierno central: "El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no puede mirar hacia otro lado. La SAREB debe dejar de comportarse como un fondo buitre y asumir su responsabilidad como ente público. Es urgente una política de vivienda que garantice el alquiler social como primera opción para las familias vulnerables".

La PAH ha anunciado que mantendrá la presión mediante la negociación directa con la SAREB, con el objetivo de alcanzar acuerdos individualizados que permitan a las familias permanecer en sus viviendas mediante contratos de alquiler dignos y sostenibles.