José Ballesta participa mañana en la conferencia telemática que celebrarán los alcaldes de Murcia, Bilbao, Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, para analizar las consecuencias económicas del "Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financiaras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales".

El alcalde de Murcia, José Ballesta (-PP-); participará mañana viernes en la conferencia telemática que celebrarán los alcaldes de Bilbao (Juan Mari Aburto Rique –PNV-), Cádiz (José María González Santos –Podemos-), Granada (Luis Salvador García –Ciudadanos-), Lleida (Miquel Pueyo Paris –Esquerra Republicana-), Madrid (José Luis Martínez Almedia –PP-), Santa Cruz de Tenerife (José Manuel Bermúdez Esparza –Coalición Canaria-) y Zaragoza (Jorge Azcón Navarro -PP-).

El objeto de la reunión será analizar las consecuencias económicas que, sobre estos municipios, tendrá el “Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financiaras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales”.

También se analizarán las acciones a adoptar conjuntamente para garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta misma semana.

El Decreto aprobado excluye a más de 3.000 municipios del acceso a esos 5.000 millones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, que no serán repartidos con criterios de igualdad, en función de la población.

En concreto, Murcia no recibirá un total de 47,8 millones de euros procedentes de esos fondos, para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y mitigar los efectos sociales y económicos que han golpeado con especial dureza a las grandes ciudades.

Mañana viernes las ocho ciudades acordarán un comunicado conjunto en el que solicitarán “el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten”.