Dos sentencias de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia avalan la actuación del Ayuntamiento señalando que no hubo cesión ilegal de trabajadores en la Fundación Ramón Gaya, dando así por válido el acto de subrogación que se realizó en 2017.

Igualmente se declara que no se han vulnerado los derechos fundamentales de estos empleados.

Esta sentencia no afecta a la relación laboral actual de los trabajadores de la fundación con el Ayuntamiento.