Los cuatro grupos de la oposición del Ayuntamiento de Murcia han denunciado hoy que el equipo de Gobierno de José Ballesta ha bloqueado la Comisión de Vigilancia de la Contratación, cuya misión es revisar las externalizaciones de más de cinco millones de euros para garantizar que se cumple con lo acordado en los pliegos de condiciones, y piden que se convoque, de forma urgente, para terminar de evaluar el contrato sobre la gestión de los tributos municipales.
"¿Qué miedo tiene Ballesta a que la oposición cumpla con su trabajo de fiscalización y conozca y evalúe los grandes contratos?", se han preguntado los representantes de PSOE, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, quienes han explicado en una rueda de prensa que "estos suponen casi el 30 por ciento del presupuesto total del Ayuntamiento". "El Equipo de Gobierno habla mucho de transparencia pero en la práctica se demuestra a diario que se ponen trabas en el acceso a la información, incluso a los concejales y concejalas", han añadido.
Si bien el objetivo de la Comisión, como órgano de vigilancia, era garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia, la Concejalía de Hacienda no ha convocado ninguna reunión desde 2017, a pesar de que este órgano ha demostrado su efectividad al sancionar a las empresas cuyos contratos ha podido revisar (ayuda a domicilio, tres lotes de la limpieza de colegios y el servicio de recaudación de tributos).
La oposición se pregunta, además, qué razones han motivado que el concejal de Hacienda, Eduardo Martínez-Oliva, anuncie el archivo del expediente sancionador sobre Tribugest, empresa que se encarga de la recaudación de tributos desde 2005, y el anuncio de prórroga de su contrato, "cuando la propia jefa de Servicio emitió un informe en el que denunciaba un incumplimiento grave".
Según han afirmado, "sería un escándalo que se llevara a cabo la firma el próximo 10 de marzo". En este sentido, los cuatro grupos municipales han presentado una moción conjunta en la que se pide que se paralice la misma hasta que no se emita un dictamen por parte de la Comisión. "De llevarse a cabo, se trataría de un bloqueo de la función de fiscalización democrática de formaciones políticas que representan a la mayoría de la ciudadanía", han añadido.
También han hecho referencia a que a las sospechas sobre Tribugest hay que sumar las malas prácticas en la cesión de trabajadores, algunos de los cuales estaban presentes en la sala, y que la empresa pertenece a un fondo de capital riesgo. Por eso, "es imprescindible que se analice a la mayor brevedad su actuación, valorando además la posibilidad de la remunicipalización del servicio manteniendo al total de la plantilla actual, que con más de 84 personas, acumula más de diez años de experiencia".