El juzgado de lo social número 3 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento como responsable subsidiario a pagar 7.210 euros a una trabajadora de la empresa Ayuda a domicilio por el impago de tres meses de trabajo y dos pagas extraordinarias. La situación de la empresa Ayudemur, en quiebra y proceso de disolución, hace que el Ayuntamiento deba asumir las deudas contraídas con las trabajadoras según estipula la sentencia.
El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado que la mala gestión del PP hará que se pague tres veces por el mismo servicio: "Primero se abonó a la empresa el coste del contrato, posteriormente se tuvo que ayudar a las trabajadoras con ayudas sociales ante su situación tras meses sin cobrar, y ahora tendremos que pagar las deuda contraída por la empresa más los intereses del 10%".
Ramos ha explicado que la situación de esta trabajadora se repite en el caso del resto de empleados de la empresa, unos 300, por lo que es posible que el Consistorio tenga que hacer frente al pago de unos 2 millones de euros.
A todas las trabajadoras se les deben cantidades entre los 7 y los 3 meses, la empresa dejo de pagar pero seguía recibiendo la prestación del Ayuntamiento.
Ramos ha exigido en este sentido responsabilidades políticas al alcalde y a la concejala María del Carmen Pelegrín, como responsable por haber prorrogado el contrato con esta empresa en mayo de 2015 a pesar de que ya acumulaba impagos reiterados. Es inadmisible que un gobierno en funciones en plena campaña electoral prorrogue el contrato con una empresa que ya entonces no pagaba a las trabajadoras y provocó que estas estuvieran en huelga.
"Es incomprensible como el equipo de Gobierno ha seguido tapando las irregularidades de Ayuda a domicilio hacia sus empleados", ha sostenido Ramos, quien ha recordado que ante esta insostenible situación los propios trabajadores decidieron acampar frente al Ayuntamiento exigiendo soluciones.
Ramos también ha recordado que fueron los grupos de la oposición quienes consiguieron retener el aval de alrededor de un millones euros de la empresa. Esta cifra ahora se ve superada por el coste al que, de repetirse está sentencia en el caso del resto de empleados, tendrá que hacer frente las arcas municipales.
"La gestión del PP de este caso perjudica a todos los actores; a los usuarios que vieron perjudicado el servicio, a las trabajadoras que estuvieron meses sin cobrar en una situación de precariedad y, por último, a los contribuyentes que tendrán que soportar esta carga", ha concluido.