El concejal de Cambiemos Murcia Nacho Tornel hará llegar al equipo de Gobierno el acuerdo comercial suscrito por el que fuera presidente de la junta municipal de Churra en 2014 y la empresa privada Millán Publicidad Exterior para la colocación de carteles en espacios públicos indicadores de edificios de interés general en la pedanía.

El acuerdo demuestra, según palabras de Tornel, la existencia de una "relación" entre ambos por la que la junta municipal responde a una solicitud del grupo empresarial, con sede en el polígono industrial Saprelorca, que aporta como argumento que se trata de "información que redunda en beneficio de la población".

Para el edil, "lo más importante en este caso es conocer si la junta cobró a cambio de ceder la gestión de esos espacios públicos, en caso afirmativo, en qué documento están reflejados los ingresos", lo que sería un hecho "ilegal" porque la gestión de la publicidad privada en los soportes públicos no es competencia de las juntas municipales, sino del Ayuntamiento.

En el caso de Beniaján, el presidente, del PP, afirma que ese acuerdo se gestionó directamente desde la concejalía. Esto supondría, ha añadido el concejal de la formación municipalista, una vulneración del artículo 4.2 de la Ordenanza de Publicidad Exterior, que prohíbe la colocación de carteles indicativos o de señalización direccional con mención de marcas, distintivos, logotipos, nombres comerciales o de establecimientos, productos, promociones y otros en vía pública, mediante la utilización de las señales de circulación, señalización y seguridad vial, de los báculos y columnas de alumbrado público y de los rótulos viarios con esta finalidad.

El edil ha recordado, asimismo, que las juntas carecen de competencias para gestionar este tipo de actividades, máxime cuando existen acuerdos con empresas por parte del Ayuntamiento para la colocación de publicidad en el mobiliario urbano.

La formación municipalista ya llevó al Pleno de noviembre una moción para que el Ayuntamiento procediera a retirar los paneles publicitarios que corresponden a empresas privadas que incumplan la mencionada Ordenanza, que fue aprobada por unanimidad.