Nacho Tornel, concejal de Cambiemos Murcia, denuncia que el alquiler irregular de pistas deportivas desde algunas Juntas durante la gestión del exconcejal de Deportes Miguel Cascales queda en evidencia por la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4, de fecha uno de marzo de 2016, que condena al Ayuntamiento por “despido improcedente” de una persona dedicada, según hechos probados, a alquilar y cobrar por las pistas deportivas municipales de Puebla de Soto. El edil explica que “el actual diputado debería responder políticamente ante una sentencia judicial que prueba irregularidades durante su gestión”.

Según la sentencia citada, entre 1999 y 2014, el denunciante habría percibido una retribución mensual, que llegaría a los 800€ mensuales, sin estar dado de alta y sin amparo contractual alguno. De hecho, dicha condena obliga al Ayuntamiento a readmitir o indemnizar al trabajador.

Para Cambiemos Murcia, la rueda de prensa de ayer, en la que Coello admitía irregularidades durante la etapa anterior de la Concejalía de Deportes, es una impostura ante una Comisión de Investigación “que tiene previsto cerrar su trabajo la próxima semana”. “Es una forma de adelantarse y orientar las conclusiones de un grupo de trabajo donde están representados todos los grupos municipales”, añade.

Miguel Cascales admitió conversaciones con pedáneos sobre el alquiler irregular de estas pistas y aseguró haberles prevenido mediante circular de la ilegalidad de tales prácticas, para más tarde justificar que no podía ir más allá en el control desde su concejalía. Para Cambiemos Murcia resulta muy insuficiente su actuación, “que más bien ha servido para promocionar el laissez faire de algunos aprovechados”.

Otro suceso digno de mención es la ocupación del estadio municipal de la Condomina por parte del Club de fútbol UCAM Murcia, para lo que medió un simple “cesión de uso” y que ni siquiera fue anunciada por el entonces concejal de Deportes, Juventud y Turismo, quien por el contrario no tenía impedimento a la hora de anunciar ofertas de “marineras y minicubatas”.

En todo caso, “entendemos que la gestión de las instalaciones por parte de los clubes y asociaciones, de personas que trabajan de forma altruista por el deporte, no puede verse manchada por la actuación de una minoría de personas que pueda haber abusado de la pasividad de la Administración municipal ante ciertas prácticas irregulares”, ha concluido Tornel.