El Tribunal Supremo deberá decidir quién tiene que asumir los costes del plan especial de infraestructuras de la zona norte, después del recurso planteado por el Ayuntamiento tras la Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ que anulaba dicho plan.

Este fallo se basa en unos informes periciales que sostienen que no todas las infraestructuras tienen que ser costeadas por los propietarios, puesto que una parte de ellas tienen la consideración de sistema general. Se refiere a redes de saneamiento, abastecimiento, telecomunicaciones, red eléctrica, etc.

Por el contrario, la postura de los técnicos municipales ha sido que tales infraestructuras debían costearlas los promotores. “Se trata, por tanto, de una cuestión técnica y será el Tribunal Supremo el que determine finalmente a quién corresponde asumir los costes”, ha señalado Antonio Navarro, concejal de urbanismo, Medio Ambiente y Huerta.