IU-Verdes ha presentado una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Murcia por la solicita que se incluya un artículo en el Reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable para impedir que se realicen cortes en el suministro a las viviendas que no han abonado el recibo por incapacidad económica certificada por los servicios sociales municipales.

El concejal de la formación, José Ignacio Tornel, ha indicado que la crisis, la precariedad laboral y el desempleo tienen una repercusión directa en el acceso a servicios esenciales como el agua, lo que, a su juicio, hace necesario que las instituciones públicas "redoblen esfuerzos" para evitar que la ciudadanía no pueda disfrutar de sus derechos básicos.

Según Tornel, el citado Reglamento carece de una definición clara para abordar las situaciones de impago por incapacidad económica y solo se refiere al caso de extinción del servicio, es decir, cuando cesa el consumo de forma permanente y no se hacen efectivas las facturaciones de dos bimestres.

El edil ha defendido que el agua, como refleja la iniciativa Pacto Social por el Agua Pública, surgido en el seno de movimientos sociales, ecologistas, científicos y ciudadanos, "es un derecho humano universal esencial que tiene que ser regulado con criterios de eficiencia y solidaridad, sobre la base de los principios de igualdad, equidad y no discriminación".

Asimismo, ha explicado que el compromiso de no suprimir el servicio de agua potable a familias que no pueden hacer frente a los pagos pertenece a la parte pública de la empresa como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

En este sentido, ha opinado que se trata de un compromiso "que debe hacerse presente en el Reglamento que rige un derecho universal, recogido por la ONU, avalado por la Unión Europea (UE) y reclamado día a día por la ciudadanía".