La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas, ha advertido hoy en rueda de prensa del "riesgo de desaparición" de los servicios sociales municipales por la aplicación de la Reforma Local y del "importante impacto" que tendrá sobre la ciudadanía y los trabajadores que desarrollan su labor en este ámbito.

La edil, que presentará en el Pleno de mañana una moción en defensa de los servicios sociales, ha señalado que la nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España, adquiriendo en este periodo "identidad suficiente para ser reconocido como el cuarto pilar fundamental de nuestro Estado del Bienestar."

Herguedas ha señalado que a finales de 2016 los ayuntamientos perderán las competencias en materia de servicios sociales que han desarrollado "con plena satisfacción y eficacia", para ser asumidas por la Comunidad Autónoma.

Esto supone, según la edil, que "la fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas administraciones, las diputaciones y las comunidades autónomas, que no conocen ni su realidad ni sus necesidades".

"El Gobierno está destruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No se ha hecho un razonamiento económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos reales en la población", ha denunciado.

Para IU-Verdes, la nueva Ley pretende imponer un marco en el que los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados, "en un intento de dibujar un estado asistencial basado en la beneficencia y no de derechos sociales".

Además, ha señalado que este proceso se produce en un contexto de crisis, cuando la Administración autonómica, "que todavía no se ha empezado a preocupar por el tema", se tiene que enfrentar a "importantes recortes", de momento 300 millones de euros en este año.

"Todo ello hace prever que estos servicios ni siquiera serán privatizados, pues no suponen un negocio, sino que desaparecerán directamente", ha apostillado.

Por su parte, el también concejal de IU-Verdes ha presentado otra moción que el grupo llevará al Pleno de este jueves, destinada a que el Ayuntamiento se incorpore "de forma inmediata" al Plan contra la economía irregular en la Región de Murcia, acordado en 2012.

El Plan señala que la Comunidad Autónoma; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Federación de Municipios de la Región de Murcia; la organización empresarial más representativa y los sindicatos CCOO y UGT "estiman conveniente la adopción de medidas que se incluyen en el plan de actuación".

Tornel ha considerado que el alcalde, Miguel Ángel Cámara, tiene una responsabilidad "directa y significativa" como presidente de la Federación de Municipios de la Región (FMRM) en el compromiso de incorporar Murcia al protocolo de colaboración entre la Comunidad y la FMRM.

En este protocolo se indica que la FMRM se compromete a impulsar la formalización de acuerdos entre los ayuntamiento y la consejería competente en materia de trabajo para establecer "la necesidad de que aquellos faciliten a ésta informaciones sobre actividades que puedan disponer por alguna de estas vías...", relacionadas con declaraciones, permisos, matriculaciones y otras anotaciones que tengan relación con la actividad económica en servicios municipales.

"Han pasado dos años desde que el alcalde suscribiera dicho acuerdo, sin que hasta la fecha el consistorio se haya incorporado a la colaboración activa en la lucha contra la economía irregular", algo que sí han hecho una treintena de municipios en la Región de Murcia.

Para el concejal, "la participación en este Plan fue otro brindis al sol de Cámara como alcalde de Murcia, que deja en ridículo al Cámara presidente de la FMRM, firmante del Plan".

Ha afirmado que si bien "la prioridad por el empleo fue objeto del discurso de investidura en 2011", no lo ha sido de las prácticas políticas municipales.

"Los gestos reales contra la economía sumergida brillan por su ausencia y alimentan así las tasas de desempleo, la precariedad laboral y la pobreza en Murcia. Mientras, se permite a la organización terrorista FMI entrar en España sin detener a sus miembros, inspeccionar nuestra política fiscal y recomendar medidas como la bajada de salarios, el aumento de impuestos indirectos (IVA), las quitas a empresas o el abaratamiento del despido", ha agregado.