El portavoz de la formación magenta en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Juan Serna, anuncia una iniciativa para el próximo Pleno municipal pidiendo instar al Ejecutivo murciano a que inicie los contactos con asociaciones de consumidores y de usuarios de bancas y cajas para articular "una manera de reclamar daños y perjuicios por la manipulación del índice de referencia bancario y su repercusión en las hipotecas de miles de murcianos"

El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento de Murcia, Rubén Serna, demanda al Gobierno regional a que articule "una manera de reclamar daños y perjuicios por la manipulación del Euríbor y su repercusión en las hipotecas de miles de murcianos".

Para ello, el edil de UPyD Murcia anuncia que la formación magenta presentará una iniciativa en el próximo Pleno municipal, pidiendo que el Ayuntamiento inste Ejecutivo murciano a iniciar los contactos con asociaciones de consumidores y de usuarios de bancas y cajas "para recabar toda la información sobre el impacto que esta manipulación ha tenido en los ciudadanos de la Región".

"Una vez que se obtengan todos esos datos", continua Serna, "queremos que después se articulen las vías a través de las cuales los afectados por esta práctica puedan reclamar daños y perjuicios".

"Sería lógico que existiera una compensación frente a una práctica declarada anticompetitiva por el Tribunal de la Competencia Europea", tras la multa de más 1700 millones de euros que la Comisión Europea impuso a seis grandes corporaciones por la manipulación del tipo de interés interbancario en diciembre del año pasado.

Como recuerda Serna, Bruselas estimó que tanto Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Société Générale, JPMorgan y RP Martin llevaron a cabo una manipulación del Euríbor entre los años 2005 y 2008, el índice referencial más usado en España a la hora de calcular los intereses de las hipotecas.

"Ante una actuación tan escandalosa por parte de estos bancos", y después de que Bruselas impusiera la multa más elevada posible ante estas prácticas anticompetitivas, "el Gobierno regional tiene la obligación moral de poner todos los medios a su alcance para que las familias afectadas puedan recuperar las cantidades que han perdido".

El objetivo de esta iniciativa, que ya ha sido puesta en marcha por la Junta de Andalucía, es que la Corporación reclame al Gobierno regional que lidere, como máxima institución, "la investigación para determinar cómo se han visto afectados los intereses de los murcianos y apoyar todas las reclamaciones derivadas de esta actuación".